La
política no puede ser una fuente de enriquecimiento. No en un país de verdad,
donde se respeten las leyes y las instituciones.
El
Estado no puede seguir siendo un botín de guerra cada cuatro años.
Nadie
puede entrar pobre al gobierno y salir rico poco después podrido en dinero,
mientras los empleados públicos como maestros, médicos, técnicos, etc., pasan
más 30 años con salarios que no les permite vivir decentemente.
Todo
el que entra pobre al gobierno y sale rico, es un ladrón, no importa el partido
al que pertenezca, ni el cargo que haya ocupado. Es un vulgar ladrón que se
aprovecha de la pobreza y la ignorancia de un pueblo.
Todo
el que entra rico al Estado y duplica o triplica su riqueza durante su
permanencia en el cargo, también es un ladrón. Un ladrón es un ladrón no
importa que use saco y corbata.
La
política, ni los partidos, pueden ser plataforma para saltar de la indigencia a
la opulencia. De vivir un barrio marginado a un sector residencial de clase
media alta o de la burguesía. Eso solo se logra, desde una posición pública,
robando. ¡No hay otro modo!
Hay
gente, de todos los partidos, que luego de pasar por el Estado no da un golpe
ni de barriga jamás en su vida. No trabaja, ni necesita trabajar. Viven como
príncipes. Nadie los molesta, ni les pregunta cómo alcanzaron esos estándares
de vida. Al contrario, el sistema de
justicia los protege contra todo mal. Guardias y policías, oficiales y
subalternos, andan con ellos para arriba y para abajo para que nadie se les
acerque. (El pueblo, con sus impuestos, paga para proteger a quienes les roban)
La
Constitución dice que los funcionarios, al entrar y al salir, deben hacer una
declaración jurada de bienes, que son ellos, no el Estado, quienes deben
demostrar la procedencia de sus riquezas. Pero eso es letra muerta. El
Ministerio Público no le pregunta a nadie, no investiga a nadie. No le pide a
nadie que demuestre que su fortuna es lícita.
Es
a los funcionarios a quienes “corresponde siempre probar el origen de sus
bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de
las autoridades competentes”, dice la Constitución. ¿A cuántos, me pregunto, el
Ministerio Público, ha requerido para que muestren el origen de sus bienes? ¡A
nadie! ¿A cuántos ha investigado? ¡A ninguno!
El
caso de un ministro que, a los 38 años de edad dice tener, sin que se le
conozca abolengo, ni una herencia, más de cien millones de pesos. ¿Le preguntó
alguien como lo obtuvo? ¡No! El otro que al llegar al ministerio dijo tener más
de cien millones. Luego, cuando salió juró hasta por su madre que aumentó su
fortuna en más de 500 millones de pesos. ¿Le preguntó alguien como logró tal
milagro? ¡No! El otro, que vivía en una pensión miserable que apenas podía
pagar. Llegó al gobierno y poco después es considerado dueño del país con
mansiones aquí y en el extranjero, una fundación, más de un helicóptero, un avión jets de 24 pasajeros,
inversiones millonarias en Haití, Panamás y otros países donde patrocina
incluso campañas electorales. ¿Le preguntó el Ministerio Público como convirtió
el agua en vino como si fuera Dios? ¡No!
Podría
citar muchos otros casos, incluso de algunos que han pasado por la presidencia
y vicepresidencia de la República, sobre todo el último que de Villa Juana y el
exilio económico en Estados Unidos es uno de los hombres más poderosos del país
y de la región centroamericana y caribeña.
No
hay fortunas lícitas entre la mayoría de los políticos. Y esa vaina todo el
mundo lo sabe. Pero nadie dice, ni hace nada. ¡Ah, los capos de la política
dominicana que tienen suerte! ¡Impunidad total para ellos! ¡Impunidad total!
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